La Corte Suprema de Perú rechazó hoy un recurso de la Fiscalía que ordenaba el regreso a prisión preventiva de la líder del partido de derecha Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco de una investigación sobre lavados de activos en el caso de la constructora brasileña Odebrecht.
«La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público para dejar sin efecto la anulación de la prisión preventiva de Keiko Fujimori», informó la Corte a través de su cuenta en Twitter.
En mayo de 2020, la defensa de Fujimori pidió a la justicia que se le cambie el régimen de prisión preventiva al que estaba sometida por el de comparecencia restringida, que le impone medidas como la prohibición de salida del país.
La justicia accedió al pedido y la líder de derecha salió en libertad luego de casi un año y medio de permanecer recluida en un penal de la capital, Lima.
La Fiscalía pidió luego la anulación del fallo que permitió la excarcelación de Keiko argumentando que su defensa presentó el recurso fuera de plazo, por lo que no debió ser admitido.
Los investigadores precisaron que el plazo de tres días para impugnar el mandato de prisión preventiva vencía el 31 de enero del año 2020, sin embargo, la apelación contra dicha resolución recién fue propuesta el 3 de febrero.
Al respecto, la Procuradora para casos de Lavado de Activos, María Camus Dávila, respaldó la posición del Ministerio Público y sostuvo que la defensa legal de Keiko Fujimori no presentó su apelación a tiempo, por lo que debe deshacerse el trámite de este recurso.
No obstante, Giuliana Loza, abogada de la ex candidata presidencial, pidió a la sala suprema que rechace el recurso de casación del Ministerio Público al sostener que la apelación contra la prisión preventiva que se impuso a su defendida fue presentada dentro del plazo de ley, informó la cadena de noticias peruana RPP.
Para la Corte Suprema, la resolución de prisión preventiva fue dictada oralmente en audiencia y apelada en ese acto por la defensa de Keiko Fujimori; sin embargo, en ese momento no se le entregó ninguno de los documentos de notificación de lo resuelto.
Fujimori es investigada por la fiscalía por haber recibido dinero ilícito de la empresa constructora brasileña Odebrecht como financiamiento para sus campañas a la presidencia de 2011 y 2016. El apercibimiento de este dinero constituiría delito de lavado de activos.
